Joaquim Nadal i Farreras

DEMOCRACIA Y RESISTENCIA FISCAL

La Vanguardia

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3 Novembre 1992 Posted by | ARTICLES D'OPINIÓ, La Vanguardia | , , | Comentaris tancats a DEMOCRACIA Y RESISTENCIA FISCAL

PARA REGENERAR EL MUNICIPIO

La Vanguardia

La dúplica de Miguel Herrero (La Vanguardia, 9 de septiembre) a mi réplica (2 de septiembre) contiene una amable y cortés invitación a concluir la polémica. Aunque con un retraso considerable (la gestión embrutece la política y niega con frecuencia el placer de la literatura) me dispongo a aceptar la propuesta.

 Punto 1. Miguel Herrero es tan buen parlamentario como escritor y en su dúplica, quizás con el acicate de la polémica, ha afinado si cabe, sus dotes de dialéctico. En este punto y debido quizás a mi inevitable y contradictorio bilingüismo no podré superarle.

 Punto 2. Acepto sin paliativos que mi réplica contenía ironías y descalificaciones. Lo primero no veo que sea malo para la dialéctica. La ironía es un recurso libre que unos usan y otros no, a elección, sin menoscabo de la altura de la polémica. Admito en cambio matices en el tema de las descalificaciones aunque aquí propondría un empate con ventaja para el Sr. Herrero. Veamos. A la luz del primer artículo de Miguel Herrero (La Vanguardia 28 de agosto) no sería difícil encontrar descalificaciones genéricas atribuidas al mundo municipal y a sus representantes; pero aquí la descalificación cierta se diluía en miles de sujetos que se podian sentir aludidos o no. En mi caso, en cambio, intenté con poco éxito descalificar los argumentos y quizás en algun exceso dialéctico (de mal dialéctico, claro) derivé hacia descalificaciones que podían atribuirse personalmente al autor del artículo replicado. En este punto, mis excusas y mi agradecimiento por el tono de la dúplica.

Punto 3. Las finanzas locales. No pretendo en ningún caso minimizar el peso del déficit de las administraciones locales. Tiene su importancia en cifras absolutas. Mi legítima pretensión era relativizarlo. Insistiré en ello. Para 1991 el déficit global del sector público alcanzaba los 2,42 billones de pesetas. El peso municipal en este global fue de 81.400 millones; o sea el 3,36%. Muchos millones claro está, pero un pequeño lago en un océano. Repetiré mi argumento. Si el déficit total de las administraciones públicas se situa por encima del 4% del PIB la contribución municipal a este 4% no rebasa el 0,15%.

A mayor abundamiento, si los datos no me engañan para 1991 el total de pasivos financieros de las corporaciones locales ascendería a 1,64 billones. Bonita cifra, también, pero menos alarmante si la referimos a la cantidad de 1,8 billones que sólo en concepto de intereses deberá satisfacer la administración del Estado.


Es más, todo el endeudamiento de los municipios es fruto de su capacidad de ahorro y la apelación de crédito ha sido siempre para financiar inversiones. Por último, la comparación de los pasivos financieros y los correspondientes activos requeria una actualización, poco frecuente, de los activos que daria como resultado una situación bastante compensada.

Punto 4. Conviene una aclaración respecto a la intervención del Estado en el saneamiento de las haciendas locales. Nunca el Estado ha hecho frente a las cargas financieras de los municipios. La deuda municipal ha sido pagada siempre por los propios municipios. Los presupuestos de liquidación de deudas apuntaron siempre a hacer frente a los gastos extrapresupuestarios de los municipios; a las facturas de gasto corriente no contabilizables. A los déficits reales sobre presupuestos equilibrados imperativamente.

Punto 5. A mi modesto entender la administración local en general es eficiente, ágil, dinámica, innovadora. Es más, extiende su acción más allá de sus ámbitos competenciales. Y ahora que suenan de nuevo aires de recesión se comprobará una vez más que las múltiples facetas de la administración local actuan como eficiente paliativo de la crisis. Los municipios actuan con frecuencia de auténtico amortiguador social.

Punto 6. Los municipios en su gestión del urbanismo no son un semillero de chanchullos. En el urbanismo la ley es el plan general y éste es siempre competencia última de la comunidad autónoma. Po lo demás los municipios se erigen en un auténtico baluarte en defensa de esta ley urbanística y solo en casos excepcionales, bien es cierto, se vulnera la ley y se cometen ilegalidades sobre los que podría y debería actuar la justícia.

Terminadas con más voluntad que acierto todas las puntualizaciones, propongo una reflexión final.

La administración local es hoy una administración en crisis. Crisis de credibilidad, crisis competencial, crisis económica.

El creciente descrédito de la administración local no se corresponde con la realidad y traduce con más frecuencia los problemas de relación de los municipios con las comunidades autónomas que problemas internos reales. En definitiva, para el ciudadano el municipio es una administración universal que debe atender a todas sus necesidades mientras que este papel se le niega de forma sistemática y creciente por las otras administraciones y por la legislación sectorial.

Hay un ejemplo contundente. Cuando los ciudadanos necesitan encontrar trabajo o vivienda acuden en mayor medida al municipio que a la oficinas de la administración correspondiente (INEM/ Delegaciones Territoriales de Vivienda). Al dramatismo de estas peticiones no se corresponden los adecuados planes concertados entre administraciones para atenderlas.

Quién no ha oido una y mil veces y en tonos diversos las expresiones: “Alcalde, búscame un piso, alcalde necesito trabajo”; y cuantas veces la impotencia nos ha dejado sin capacidad de reacción faltos de recursos y de instrumentos adecuados.

Por último la crisis financiera. La incomprensión hacia los municipios culmina cuando la administración del Estado les reserva sus impuestos más anticuados y rígidos, cuando las administraciones autónomicas multiplican los controles y tutelas y niegan las ayudas económicas, y cuando el volumen de transferencias se aleja cada vez más del volumen de competencias realmente ejercidas por los municipios.

No quiero dramatizar y menos en un contexto de crisis generalizada.

Pero ha llegado la hora de devolver a los municipios la mayoría de edad y de sentarlos en la mesa de la negociación. De lo contrario la quiebra de los municipios, quiebra moral y económica, puede repercutir en una quiebra más amplia.

Cerrada la polémica, comentaré mi propósito: los municipios necesitan todas las tribunas para regenerar su imagen, reforzar su papel y suscitar un amplio debate que les sitúe en pie de igualdad con las demás administraciones en una adecuada distribución de papeles y recursos para atender ordenadamente las demandas de los ciudadanos.

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13 Octubre 1992 Posted by | ARTICLES D'OPINIÓ, La Vanguardia | , , , | Comentaris tancats a PARA REGENERAR EL MUNICIPIO

DEMOCRACIA MUNICIPAL, UN VIAJE CON ALFORJAS VACÍAS

El País

Han transcurrido algo más de cinco años desde que el 3 de abril de 1979, en una jornada histórica, se consiguiera por fin extender el proceso democrático a la vida municipal. Cinco años de esfuerzos denodados por conseguir la plena vigencia del principio constitucional de que los municipos forman parte integrante del Estado y cubren en él una serie de funciones específicas para las cuales requieren autonomía y suficiencia financiera. Pero a pesar de la solemnidad de los principios, la realidad dista mucho de ser halagüeña, y la situación actual de los municipios es, como menos, poco brillante. Tan limitada, que ya podemos avanzar que a pesar del largo camino y la enorme tarea que tienen reservada los municipios españoles de 1984, se encuentran con las alforjas vacías dispuestos a proseguir un viaje, una aventura, que en las actuales condiciones no puede conducirles muy lejos.Todo esto no significa que la situación actual sea comparable a la de 1979. Un balance global y rápido refleja un conjunto de cambios muy notables, concretados en la superación vertiginosa de viejos e inveterados déficit estructurales y en la aplicación dinámica de una gran imaginación para la creación y prestación de nuevos servicios en respuesta a una demanda brutalmente contenida durante décadas. Sin duda, la inversión realizada y las innovaciones introducidas señalan un cambio sustancial que hoy lleva camino de tocar techo de inmediato. Y no sólo eso, sino que, bloqueados en sus competencias y recursos, se avecinan sino retrocesos cuando menos frenazos, ante la imposibilidad de atender dignamente el conjunto de los gastos corrientes creados o incrementados durante este período.

Dicho así, puede parecer que la actual situación se deba a un simple error de cálculo y a la mala costumbre hispánica de ir más allá de las propias posibilidades. Pero las causas son más profundas. A mi entender todo se resume en una cuestión: una vez conseguida la dinámica democrática en la vida municipal, ésta ha pasado a ser considerada una cuestión aparte, marginal y secundaria. En otras palabras: nuestros gobernantes han olvidado que la política y la gestión del Gobierno central y de los Gobiernos autónomos no alcanza físicamente a la totalidad del territorio del Estado, mientras que es una obviedad que la totalidad de dicho territorio se halla dividida, organizada y administrada como una suma de cerca de 9.000 municipios. De no ser así, no se explica que transcurridos cinco años sigamos sin disponer de una Ley dé Bases, de una nueva ley de financiación, y nos encontremos, salvando las distancias de la labor realizada, en un cuello de botella financiero similar al de 1979, mientras se nos discute nuestro papel como parte integrante del Estado.

En cuanto a la Ley de Bases, sabemos cuando menos que su aprobación es inminente. Pero nos consta, igualmente, que tal como están ahora las haciendas locales, la Ley de Bases puede ser sin duda alguna un auténtico papel mojado.

¿Cómo puede pensarse que los ayuntamientos aborden las competencias y actuaciones previstas en la Ley de Bases, si la financiación y recursos para afrontarlos siempre se ha abordado con parches e improvisaciones que no han alterado la estructura deficiente? En realidad, nadie duda que los presupuestos municipales han crecido bastante en cinco años. Pero si calculamos los gastos corrientes generados por la puesta en servicio y mantenimiento de nuevos servicios y por las anualidades que hay que devolver por las inversiones financiadas a crédito, el crecimiento apuntado no da para más que malvivir, con el único consuelo de haber hecho avanzar el equipamiento de los pueblos y ciudades saliendo de situaciones tercermundistas.

Ante esta constatación valen sólo dos interpretaciones. Una, que se considera que el crecimiento global de los Presupuestos Generales del Estado repercute también en los presupuestos municipales de forma suficiente para atender nuevos servicios, y que se reparte solidariamente el dinero recaudado por el Estado valorándose las prioridades atendidas por cada nivel de la administración como base de cálculo. En este caso se consideraría indiscutible que unos mayores recursos para los ayuntamientos no son un mayor déficit público, sino un buen conducto para redistribuir cargas y acercar servicios y “salario social” a los ciudadanos.

Cabe una segunda interpretación: valorar el paquete global de las transferencias a los ayuntamientos con criterios de empresa pública, y considerarlas como una de las fugas de recursos generadores del crecimiento imparable del déficit público. En otras palabras: se trataría de equiparar los 9.000 municipios con la Seguridad Social o con algunas de las empresas públicas deficitarias, y buscar en el rescate de estas transferencias una fórmula más para atender al gran objetivo de frenar dicho déficit público.

No extrañe a nadie que no comparta esta segunda interpretación. Con ella lo único que se intenta es no acometer realmente los problemas de estructura del gasto público en España. Mayores recursos para los ayuntamientos no deben significar mayor gasto ni mayor déficit. Deberían significar una nueva política, nuevas prioridades, racionalización del gasto y mejor distribución entre las administraciones públicas.

Pero, desgraciadamente, parece que esta segunda es la interpretación vigente, si nos atenemos cuando menos a la escasa atención o acierto que se está prestando a las finanzas municipales. Basten como muestra dos datos: el retraso en la aplicación de la Ley de Saneamiento y la inexistencia de borradores y criterios para la Ley de Financiación. La Ley de Saneamiento fue un parche que tenía como objetivo sanear todos los déficit a 31 de diciembre de 1982. Pues bien, las auditorías aún no han comenzado, y es posible que los déficit de 1982 queden finalmente saneados después de transcurridos dos años o más. Pero no es sólo eso: en su afán por dotar de instrumentos fiscales propios a los ayuntamientos y diferenciados de los que corresponden al Estado, se creó el famoso recargo sobre el IRPF para los municipios que lo solicitaran. La inviabilidad de este sistema ha quedado patente ahora, cuando el recargo se ha convertido en un instrumento indiscriminado de batalla política municipal, esgrimida con una demagogia increible y sin ninguna racionalidad. Porque, para no ir a buscar ejemplos en otros partidos, muchos ayuntamientos socialistas han elegido el camino del recargo, mientras que determinados grupos municipales socialistas en la oposición han utilizado el tema como un arma contra el gobierno municipal ajeno. En suma: no hay recursos ni criterios válidos para obtenerlos por el camino emprendido hasta ahora.

Propuestas realistas

Sin embargo, existe un camino claro. Hasta fechas muy recientes era común, en las reivindicaciones municipales e incluso en los programas de los partidos, apuntar hacia la obtención de incrementos porcentuales del Fondo de Cooperación Municipal en relación a los valores globales de los Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, con seriedad y por seriedad, los municipios hemos abandonado este lenguaje y hemos preferido, por solidaridad, olvidar los porcentajes y hablar de las cifras absolutas del Fondo y del crecimiento mismo en relación a su propia cuantía.

Pero hay más. Los municipios no aspiramos solamente a participar en los Presupuestos Generales del Estado. Aspiramos también a la creación del Fondo de Cooperación Municipal en los Presupuestos de las comunidades autónomas, simplemente para empezar a poner en práctica el principio de la solidaridad entre administraciones, y para dejar claro que en todas las actuaciones de las comunidades autónomas relacionadas con los ayuntamientos, la discrecionalidad de las subvenciones ha de ceder terreno a la racionalidad y objetividad de criterios.

La renuncia a hablar de porcentajes por parte de los municipios esconde dos principios innegociables: que el Fondo de Cooperación Municipal debe incrementarse este año, y que los municipios deben seguir participando siempre en el Fondo. A partir de su aceptación, o sea de la interpretación solidaria entre administraciones del Presupuesto, se puede empezar a negociar la Ley de Financiación de las haciendas locales. Se hace muy difícil concebir desde cualquier óptica, pero mucho menos desde la ideología y la disciplina socialista, que no se acepten y compartan estos principios. Estoy convencido de que finalmente se impondrán, que la Ley de Presupuestos para 1985 aceptará nuestra propuesta, y que los borradores de la Ley de Financiación incluirán una participación sustancial del Fondo en los Presupuestos Generales del Estado.

De lo contrario, desde la ideología y la disciplina socialista mucho me temo que surja una crisis profunda tanto de dicha ideología como de la disciplina, en detrimento de todas las administraciones, y, claro está, en perjuicio de la única justificación posible de la política: el mayor bienestar posible del mayor número de ciudadanos posible a partir de la igualdad y la justicia.

PUBLICAT A: http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPANA/PRESUPUESTOS_GENERALES_DEL_ESTADO_/HASTA_1999/Democracia/municipal/viaje/alforjas/vacias/elpepiesp/19840617elpepinac_5/Tes

17 Juny 1984 Posted by | ARTICLES D'OPINIÓ, El País | , , | Comentaris tancats a DEMOCRACIA MUNICIPAL, UN VIAJE CON ALFORJAS VACÍAS

LOS MUNICIPIOS EN LOS PRESUPUESTOS PARA 1984

El País

Todo parece indicar que a la vuelta de las vacaciones uno de los temas de mayor envergadura que va a afrontar sin dilación el Gobierno es la confección de los Presupuestos Generales del Estado para 1984. Sin ir más lejos la prensa se ha hecho eco del contenido del Consejo que con carácter deliberante se celebrará el próximo 24 de agosto: en él el Gobierno, abordará criterios y enfoques para dichos Presupuestos.Esta cuestión reviste singular importancia porque por primera vez estamos ante un horizonte electoral suficientemente despeja do como para acabar definitiva mente con el bochornoso espectáculo de unas corporaciones públicas funcionando con presupuestos cojos -prorrogados- hasta julio o incluso septiembre del ejercicio que los presupuestos pretenden cubrir. Es de vital importancia para la normalidad absoluta del gasto público que a primeros de 1984 el Estado, las comunidades autónomas y los municipios tengan sus presupuestos aprobados. A nadie se le escapa, por otra parte, que la piedra de toque para conseguir dicho objetivo son los Presupuestos Generales del Estado y su rápida tramitación parlamentaria. En ellos se contienen de terminaciones sobre la cuantía de las transferencias o los incrementos salariales fundamentales para que las comunidades autónomas y los municipios elaboren, su propia estrategia presupuestaria.

En el conjunto de los Presupuestos del Estado existe, un tema de singular relieve, para las haciendas locales: la cuantía de las transferencias a los ayuntamientos de los impuestos no cedibles a las comunidades autónomas, a través del Fondo Nacional de Cooperación Municipal. Dicha cuantía se ha elevado en un punto, del 7% al 8%, en los Presupuestos Generales de 1983, aportando nuevos recursos a los muncipios pero defraudando en parte las peticiones de éstos en el sentido que la cuantía del Fondo debía elevarse en dos puntos, alcanzando el 9%. Así se pronunció el comité ejecutivo, el consejo nacional y la asamblea de Barcelona (3-XII-1982) de la Federación de Municipios de Cataluña, y en el mismo sentido se pronunció la Federación Española de Municipios y Provincias. Ante la nueva campaña presupuestaria, ¿qué opinión sustentan los ayuntamientos en relación a las transferencias del Estado? Sin duda, los ayuntamientos seguimos con el firme convencimiento que sea cual, sea el modelo financiero que sé propugne en España las aportaciones del Estado a los municipios distan mucho de acercarse a los niveles de cualquier país avanzado de Europa, y evidentemente no se corresponden con el nivel de competencias asumidas por los municipios sin que en realidad por ley les correspondan.

Tal es la distancia que nos separa de Europa: que los municipios seguimos aspirando a un aumento en la participación de los impuestos no cedibles, que para 1984 veríamos razonable pasando del 8% actual a un 10%.

Nuestra aspiración se justifica en múltiples razones algurías de ellas de carácter general muy importantes y otras decarácter más coyuntural. Entre estas últimas cabe citar el retraso con que se va a producir la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las haciendas locales y su entrada en vigor, y la prespectiva de que la futura Ley de Financiación de las Entidades Locales no entre en vigor hasta los Presupuestos Municipales de 1985. El saneamiento de las haciendas locales es, sin duda, una condición previa para abordar cualquier fortalecimiento de los municipios, y no parece por el momento que su tramitación se produzca con la diligencia y rapidez que la claridad y contundencia política de este objetivo requerirían.

Así las cosas, los ayuntamientos deberemos afrontar el ejercicio de 1984 sin un marco económico y fiscal claro, y a lo sumo con algunas indicaciones derivadas de la Ley de Presupuestos de 1983 y de la Ley de Saneamiento, que formulan una contención de las transferencias y abren la espita de las iniciativas fiscales municipales a base de recargos sobre determinados impuestos. Incluso esto habrá que aprovechar, pero a nadie se le esconde que la propuesta latente en la Ley de Saneamiento y la idea de los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda en su voluntad de pasar a un inodelo de financiación múltiple descentralizada -idea que comparto- pasa por, en la forma que se plantea, agravar la desigualdad fiscal (geográficamente hablando) y enfocar equivocadamente la transición referida de un modelo centralizado a otro descentralizado. Se pretende una transición por la vía, acumulativa y de complementación del paquete fiscal, en lugar de plantearlo por la vía sustitutiva. No olvidamos que el origen de la aportación fiscal es único: el ciudadano contribuyente, y que éste no puede entender que la mejora de los servicios que más directamente recibe, los municipales, sea a costa de una mayor presión fiscal, porque los recursos que él mismo aporta a la Hacienda Estatal no son transferibles a las Haciendas Locales, si no es a costa de incrementar el déficit público.

No hay duda, pues, de que para 1984 las participaciones munícipales de los Presupuestos del Estado deben incrementarse. Por múltiples razones. Porque los ayuntamientos hemos decidido crecer y seguir creciendo. Crecer para invertir y para colaborar desde la agilidad municipal a que la eficacia de la inversión pública aumente y contribuya a la creación de empleo. Crecer para seguir prestando servicios que no nos corresponden y que el Estado y la comunidad autónoma o no prestan o prestan insuficientemente, aunque por competencias les corresponden. Crecer, en, suma porque los déficit de infraestructura de nuestros pueblos y ciudades siguen siendo graves y difícilmente abordables con nuestros recursos. Crecer para que el ciudadano sea capaz de percibir tangiblemente que su esfuerzo fiscal le repercute. Es seguramente una cuestión de sensibilidad política que las magnitudes macroeconómicas de la Hacienda Estatal no debérian hacer olvidar. Es comprensible que, desde la política global del Ministerio de Economía y Hacienda se valore la situación económica general y se plantee la necesidad de contener y limitar los déficit.

Y es también posible que desde estos planteamientos se haya creido que un camino para frenar el incremento de los déficit sea frenar también o incluso reducir las transferencias a los municipios.

Optar por la vía de la contención o el recorte es optar por un modelo social regresivo, que repercute inmediatamente sobre el conjunto de la población y pone en ebullición la ya muy comprimida olla a presión de la tensión social. El recorte y la contención habría que buscarlos por otros caminos.

El incremento de la participación municipal en los Presupuestos Generales del Estado es un camino, una parte de una política, para satisfacer plenamente las aspiraciones de los ciudadanos españoles, a los que tenemos el compromiso firme de no defraudar.

PUBLICAT A: http://www.elpais.com/articulo/espana/municipios/Presupuestos/1984/elpepiopi/19830823elpepinac_1/Tes

23 Agost 1983 Posted by | ARTICLES D'OPINIÓ, El País | , , , | Comentaris tancats a LOS MUNICIPIOS EN LOS PRESUPUESTOS PARA 1984