PARA REGENERAR EL MUNICIPIO

La Vanguardia

La dúplica de Miguel Herrero (La Vanguardia, 9 de septiembre) a mi réplica (2 de septiembre) contiene una amable y cortés invitación a concluir la polémica. Aunque con un retraso considerable (la gestión embrutece la política y niega con frecuencia el placer de la literatura) me dispongo a aceptar la propuesta.

 Punto 1. Miguel Herrero es tan buen parlamentario como escritor y en su dúplica, quizás con el acicate de la polémica, ha afinado si cabe, sus dotes de dialéctico. En este punto y debido quizás a mi inevitable y contradictorio bilingüismo no podré superarle.

 Punto 2. Acepto sin paliativos que mi réplica contenía ironías y descalificaciones. Lo primero no veo que sea malo para la dialéctica. La ironía es un recurso libre que unos usan y otros no, a elección, sin menoscabo de la altura de la polémica. Admito en cambio matices en el tema de las descalificaciones aunque aquí propondría un empate con ventaja para el Sr. Herrero. Veamos. A la luz del primer artículo de Miguel Herrero (La Vanguardia 28 de agosto) no sería difícil encontrar descalificaciones genéricas atribuidas al mundo municipal y a sus representantes; pero aquí la descalificación cierta se diluía en miles de sujetos que se podian sentir aludidos o no. En mi caso, en cambio, intenté con poco éxito descalificar los argumentos y quizás en algun exceso dialéctico (de mal dialéctico, claro) derivé hacia descalificaciones que podían atribuirse personalmente al autor del artículo replicado. En este punto, mis excusas y mi agradecimiento por el tono de la dúplica.

Punto 3. Las finanzas locales. No pretendo en ningún caso minimizar el peso del déficit de las administraciones locales. Tiene su importancia en cifras absolutas. Mi legítima pretensión era relativizarlo. Insistiré en ello. Para 1991 el déficit global del sector público alcanzaba los 2,42 billones de pesetas. El peso municipal en este global fue de 81.400 millones; o sea el 3,36%. Muchos millones claro está, pero un pequeño lago en un océano. Repetiré mi argumento. Si el déficit total de las administraciones públicas se situa por encima del 4% del PIB la contribución municipal a este 4% no rebasa el 0,15%.

A mayor abundamiento, si los datos no me engañan para 1991 el total de pasivos financieros de las corporaciones locales ascendería a 1,64 billones. Bonita cifra, también, pero menos alarmante si la referimos a la cantidad de 1,8 billones que sólo en concepto de intereses deberá satisfacer la administración del Estado.

Es más, todo el endeudamiento de los municipios es fruto de su capacidad de ahorro y la apelación de crédito ha sido siempre para financiar inversiones. Por último, la comparación de los pasivos financieros y los correspondientes activos requeria una actualización, poco frecuente, de los activos que daria como resultado una situación bastante compensada.

Punto 4. Conviene una aclaración respecto a la intervención del Estado en el saneamiento de las haciendas locales. Nunca el Estado ha hecho frente a las cargas financieras de los municipios. La deuda municipal ha sido pagada siempre por los propios municipios. Los presupuestos de liquidación de deudas apuntaron siempre a hacer frente a los gastos extrapresupuestarios de los municipios; a las facturas de gasto corriente no contabilizables. A los déficits reales sobre presupuestos equilibrados imperativamente.

Punto 5. A mi modesto entender la administración local en general es eficiente, ágil, dinámica, innovadora. Es más, extiende su acción más allá de sus ámbitos competenciales. Y ahora que suenan de nuevo aires de recesión se comprobará una vez más que las múltiples facetas de la administración local actuan como eficiente paliativo de la crisis. Los municipios actuan con frecuencia de auténtico amortiguador social.

Punto 6. Los municipios en su gestión del urbanismo no son un semillero de chanchullos. En el urbanismo la ley es el plan general y éste es siempre competencia última de la comunidad autónoma. Po lo demás los municipios se erigen en un auténtico baluarte en defensa de esta ley urbanística y solo en casos excepcionales, bien es cierto, se vulnera la ley y se cometen ilegalidades sobre los que podría y debería actuar la justícia.

Terminadas con más voluntad que acierto todas las puntualizaciones, propongo una reflexión final.

La administración local es hoy una administración en crisis. Crisis de credibilidad, crisis competencial, crisis económica.

El creciente descrédito de la administración local no se corresponde con la realidad y traduce con más frecuencia los problemas de relación de los municipios con las comunidades autónomas que problemas internos reales. En definitiva, para el ciudadano el municipio es una administración universal que debe atender a todas sus necesidades mientras que este papel se le niega de forma sistemática y creciente por las otras administraciones y por la legislación sectorial.

Hay un ejemplo contundente. Cuando los ciudadanos necesitan encontrar trabajo o vivienda acuden en mayor medida al municipio que a la oficinas de la administración correspondiente (INEM/ Delegaciones Territoriales de Vivienda). Al dramatismo de estas peticiones no se corresponden los adecuados planes concertados entre administraciones para atenderlas.

Quién no ha oido una y mil veces y en tonos diversos las expresiones: “Alcalde, búscame un piso, alcalde necesito trabajo”; y cuantas veces la impotencia nos ha dejado sin capacidad de reacción faltos de recursos y de instrumentos adecuados.

Por último la crisis financiera. La incomprensión hacia los municipios culmina cuando la administración del Estado les reserva sus impuestos más anticuados y rígidos, cuando las administraciones autónomicas multiplican los controles y tutelas y niegan las ayudas económicas, y cuando el volumen de transferencias se aleja cada vez más del volumen de competencias realmente ejercidas por los municipios.

No quiero dramatizar y menos en un contexto de crisis generalizada.

Pero ha llegado la hora de devolver a los municipios la mayoría de edad y de sentarlos en la mesa de la negociación. De lo contrario la quiebra de los municipios, quiebra moral y económica, puede repercutir en una quiebra más amplia.

Cerrada la polémica, comentaré mi propósito: los municipios necesitan todas las tribunas para regenerar su imagen, reforzar su papel y suscitar un amplio debate que les sitúe en pie de igualdad con las demás administraciones en una adecuada distribución de papeles y recursos para atender ordenadamente las demandas de los ciudadanos.

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